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Es preciso rediscutir el licenciamiento social

Paulo Nassar y José Nalini

José Nalini, jurista, profesor (Uninove), escritor y magistrado. Fue desembargador del Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo y secretario de Educación del Estado de São Paulo.

Paulo Nassar, director-presidente de la Asociación Brasileña de Comunicación Empresarial (Aberje) y profesor titular de la Universidad de São Paulo (USP).

¿Qué hacer cuando las grandes empresas provocan accidentes que matan, esclavizan y violan derechos humanos? Dada la lentitud de los litigios judiciales, el licenciamiento social surge como un pacto entre empresas, sociedad y Estado, que, aunque no está previsto en ley ni lleve a castigos legales, parece ser la opción cada vez más viable. Es la licencia simbólica concedida por la sociedad que debe tener como contrapartida el debate democrático entre diferentes puntos de vista y narrativas sobre un emprendimiento, con el objetivo de discutir eventuales problemas y mitigar los riesgos involucrados en el proyecto.

Esta licencia ha sido retirada por la sociedad y sus representantes cuando los riesgos operativos se transforman en tragedias; es lo que parece demostrar, en Brasil, las tragedias ambientales y humanas derivadas de actividades extractivistas, tanto por el número de muertos como por los impactos ambientales, sociales y gubernamentales. Estos acontecimientos dramáticos han sido previsibles. Una visión retrospectiva muestra que, a finales del siglo XX, el sociólogo Ulrich Beck traía a la luz, en el libro Sociedad de riesgo mundial, la nueva evidencia de globalización de los riesgos. El informe de la ONU también denunciaba en 2008 casos en que empresas multinacionales, directa o indirectamente, cometieron crímenes, especialmente en países flagelados por la corrupción de los dirigentes o en democracias frágiles.

Sin embargo, castigar a las empresas sigue siendo terreno arenoso. Primero, porque los tratados internacionales que podrían asegurar castigos a las organizaciones datan del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las multinacionales aún no tenían tanto poder como ahora. Segundo, porque sólo recientemente las autoridades están atentas a las posibilidades de que las multinacionales y sus dirigentes tengan obligaciones legales claras. Por último, porque la reparación es lenta y la aplicación de las multas igualmente morosa – la judicialización no ofrece salida inmediata.

Aunque Brasil tiene una legislación avanzada, sobre todo en relación a los derechos ambientales, el concepto de justicia oscila al sabor de las narrativas que sobre ella se transmiten. En síntesis, el sistema judicial brasileño es un archipiélago que reúne a Tribunales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, número idéntico de Tribunales Regionales Electorales, 23 Tribunales Regionales del Trabajo y Tribunales de Justicia Militar, además del Supremo Tribunal Federal. Más, para controlar, fiscalizar y planificar el Poder Judicial, se creó en 2004 el Consejo Nacional de Justicia. ¿Esta estructura pesada funciona?

En ese contexto, el licenciamiento social es una idea que viene siendo desarrollada en medio de crisis corporativas nocivas para millones de ciudadanos e incluso para la perennidad de los negocios. Fruto de esas crisis, grandes corporaciones han interrumpido las operaciones de forma parcial o total. No sólo derivan de las pérdidas de autorizaciones legales y políticas, sino que provienen de un fuerte rechazo de la opinión pública. Decisiones sociales que han encerrado historias de empresas y dirigentes, incluso con la amenaza de la pérdida de empleos e impuestos derivados del cese de licencia social para operar. En los días de hoy, los beneficios económicos ya no pueden superponerse a los aspectos sociales y a los riesgos involucrados en la producción.

Las crisis organizativas agravadas por daños a la identidad, a la imagen y a la reputación de instituciones, empresas y dirigentes – los que están aún poco acostumbrados a una sociedad armada de smartphones y con voz en las redes sociales – podrían ser evitadas o minimizadas, mediante buena comunicación y narrativas eficaces. La licencia social se construye, en su concesión o casación, en los aciertos o desaciertos de la comunicación y de los procesos relacionales de empresas e instituciones. Procesos que deben emanar y ser conducidos por el comando organizacional.

Las empresas necesitan consolidarse en el territorio de las narrativas. Ellas fortalecen las organizaciones y recorren un ambiente relacional y dinámico. Son ellas las que dan sentido y significado en el ambiente de la sociedad y de sus redes de audiencias para la historia y las acciones del emprendimiento y de sus integrantes. Pero de nada vale las narrativas decir una cosa y la práctica apuntar hacia el lado opuesto. Es en las narrativas y relaciones cotidianas que se solidifican las identidades, las imágenes, las marcas y las reputaciones de las compañías y de sus dirigentes.

La sociedad exige que los CEOs y los consejos de administración, además de administrar resultados económicos y procesos productivos, tengan cuidado con los aspectos que constituyen el simbólico de las organizaciones. Entre estos muchos aspectos, la administración de las narrativas, porque son ellas las que contribuyen decididamente – cuando verdaderas, coherentes y bien entendidas – para legitimar la empresa y consolidar el licenciamiento social para operar.

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